Integración laboral de personas con discapacidad: Mejorando el lugar de trabajo

Desde la publicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 la conciencia de los actores políticos, económicos y sociales ha ido en aumento en relación con las personas con discapacidad. En las sociedades occidentales se ha pasado de concebir a las personas con discapacidad como destinatarios de protección debido a sus características físicas, psíquicas y/o sensoriales a ciudadanos con plenitud de facultades que, dependiendo de su capacidad, podrán ejercer en condiciones asimilables a las del resto de los ciudadanos.

Este cambio de paradigma se ha manifestado de forma especial en el ámbito laboral. Por ser el mercado de trabajo la principal fuente de ingresos de las personas, desde el último cuarto del siglo XX los poderes públicos han intensificado las actuaciones para favorecer la plena inserción laboral de las personas con discapacidad aplicando para ello una gran variedad de estrategias y planes.

Así, encontramos políticas de fomento de la contratación de personas con discapacidad. La normativa laboral regula la existencia de una gran variedad de beneficios fiscales para la contratación de personas con discapacidad. Estos incentivos fiscales se orientan a garantizar una formación integral a los trabajadores contratados para potenciar sus capacidades y garantizar su plena inserción en la marcha de la empresa.

Por otro lado, los poderes públicos persiguen una integración efectiva de los discapacitados. De esta forma se establecen cupos en las ofertas de empleo público para garantizar la presencia de estas personas en las AA PP. Cuotas similares son incentivadas también en el sector privado.

En resumen, la atención a los discapacitados se ha convertido en una prioridad política y social para profundizar así en una igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos.